La infamia y la contumacia
Entrevista con Luis de la Barreda
Solórzano*
Por
Ariel Ruiz Mondragón
El
año pasado el caso de procuración de justicia que más exaltó las pasiones y
levantó más ámpulas fue el de la liberación de Florence Cassez después de que
un amparo le fuera otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) el 23 de enero de 2013. No sólo esa resolución sino el proceso entero
dejaron al descubierto los numerosos déficits y enormes taras que padece
nuestro país en materia de seguridad pública y de procuración de justicia.
Respecto
a tan polémico proceso recientemente apareció el libro ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo (México, Grijalbo,
2013), de Luis de la Barreda, en el que este hace una reconstrucción del caso
sustentado en la lectura del expediente y en las declaraciones de múltiples
actores. En el volumen se concluye que la ciudadana francesa es inocente, que
los testigos víctimas mintieron y que en México continúa la fabricación de
culpables.
Sobre
ese libro Este País conversó con De
la Barreda, quien es doctor en Derecho por la UNAM, investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la misma institución, de la que también es profesor,
así como de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y autor de una veintena de libros. También fue
presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad y actualmente es coordinador del Programa Universitario de Derechos
Humanos de la UNAM.
Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir
y publicar un libro como el suyo?
Luis de la Barreda (LB):
Hay un jurista italiano, Francesco Carnelutti, que habla de la enorme pasión
que despiertan los juicios penales seguidos por los delitos más graves. El caso
de Florence Cassez despertó un interés gigantesco y encendió unas pasiones que
aún no se apagan del todo.
Entonces
es un tema para un libro. Tuve la fortuna de poder analizar completo el
expediente del proceso; además, uno de los grandes placeres intelectuales es
descubrir la verdad de algo. Usted imagínese cuando Galileo, Copérnico o Darwin
empezaron a hacer sus descubrimientos y luego revelarlos; es decir “esto es lo
que he descubierto y lo presento al público en un estudio, en una conferencia,
en un libro”.
También
los llamados científicos sociales o los juristas, cuando toman un tema y se van
acercando a desentrañar lo que hay allí si tienen esa vocación del curioso —cualidad
sin la cual no se puede ser investigador—, pues sienten el placer de ir
descubriendo cosas y luego compartirlas. En un caso en el que la mayoría de la
gente no sabe qué pasó (el 90 por ciento de la gente dice: “Bueno, Florence fue
absuelta por errores de procedimiento”, pero no tiene idea de si las pruebas
que sustentaron la acusación y las sentencias eran aptas para condenarla),
entonces resulta un reto muy estimulante primero descubrir la verdad en el
expediente y luego compartirla con el público en un lenguaje que no es para
juristas sino que puede entender cualquier lector.
AR: Usted hace una cita justamente
de Carnelutti que dice: “La crónica judicial y la literatura policiaca, como
puede comprenderse, sirven del mismo modo de diversión a la vida cotidiana más
gris… Periodistas profesionales, periodistas diletantes, periodistas
improvisados no tanto colaboran cuanto hacen competencia a los oficiales de
policía o a los jueces instructores; y, lo que es peor, hacen sus negocios”.
¿Cuál fue el papel de la prensa en este caso, tomando en consideración que
incluso Genaro García Luna declaró que el montaje se hizo a petición de dos
poderosas empresas de comunicación?
LB:
La responsabilidad de los medios de informar es muy delicada, y en un juicio
penal donde se está jugando la libertad de una persona, en este caso de una
mujer en plenitud de vida, debiera ser una responsabilidad que se ejerciera con
todo escrúpulo, con toda ética, con muchísimo cuidado.
Pero
los medios, más bien, optan por la espectacularidad y a veces sacrifican la
veracidad. En el caso de Florence tuvimos una cosa sin precedentes: la entrada
de los policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) al rancho de Las Chinitas
coincidió con el inicio de los dos noticiarios más vistos, lo cual fue algo muy
impresionante.
En
ello hay una perversión de la función de los medios: la gran prensa, la
escrita, los noticiarios radiofónicos y televisivos, a pesar de que se
descubrió el montaje, siguieron insistiendo en el señalamiento de Florence
Cassez como responsable.
Después
viene lo influenciable que resulta la gran mayoría de la gente, la facilidad
con la cual la multitud se vuelve jauría, lo cual nos trae una reminiscencia de
lo que sucedía en la Edad Media, cuando una mujer era acusada de cosas tan
absurdas como volar montada sobre un trozo de madera, y la gente lo creía y
exigía que esa mujer, que tenía pacto con el diablo, fuera quemada en la
hoguera. En esa época había una peste y se decía: “Fueron los judíos los que
envenenaron el agua”, y hubo casos en que se linchó a todos los judíos de una
comunidad y fueron exterminados.
Entonces
la facilidad de la gran mayoría de la gente para dejarse influir por los medios
y señalar culpables y sumarse a un linchamiento contra Cassez sin conocer el
expediente, o bien, a pesar de tener noticia de la inconsistencia de las
pruebas seguir aferrada a ese prejuicio, lo que nos confirma es que un
prejuicio puede ser más inconmovible que una certeza basada en hechos.
Luego,
la actitud de los líderes de las ONG que se dedican a la seguridad pública a mí
me recuerda un capítulo muy estremecedor de un programa de Alfred Hitchcock en
la televisión: una mujer es violada y el ataque es tan salvaje que la
hospitalizan. Su esposo va por ella para llevarla a casa; él va conduciendo el
automóvil, con una gran amargura, y ella va con la mirada perdida; en un
semáforo en rojo cruza la calle un hombre y ella dice: “Él fue”. El esposo se
estaciona, baja del automóvil, persigue al señalado, quien entra en un
estacionamiento subterráneo solitario, y el esposo se quita el cinturón y por
atrás lo estrangula. Regresa sudoroso con la esposa y le dice: “Ya fuiste
vengada, ya nadie te hará daño”. Su esposa escucha pero sigue con la mirada
perdida; en la siguiente esquina pasa otro hombre y dice: “Él fue”. El esposo
se estremece; a la siguiente esquina pasa otro hombre y ella dice: “Él fue”, y
así hasta que llegan a su casa.
Eso
fue lo que hicieron los líderes de los movimientos sociales: no conocían el
expediente, o aun teniendo datos sobre las inconsistencias de las pruebas,
decían: “Si ella fue señalada por la policía, ella fue. Nosotros sufrimos la
pérdida de un ser querido; ella está acusada de lo mismo que le hicieron a
nuestro ser querido, ella fue”. Terrible.
AR: Siguiendo con los medios: en
los años noventa se habló de que había una borrachera democrática de la prensa
mexicana; ahora parece que vive una borrachera justiciera. En este caso, hay
periodistas que se asumen como policías, fiscales y jueces, y más que informar,
como usted muestra en el libro, acusan, juzgan, insultan y difaman de manera
prácticamente impune. ¿Cómo limitar esos excesos?
LB:
Comparada la prensa mexicana con los mejores diarios del mundo, creo que el
juicio tiene que ser muy lamentable. Esto lo digo con mucha tristeza.
Yo
tengo el vicio de desayunar todos los días hojeando los diarios, y la calidad
de la prensa mexicana en general es lamentable. Hay algunos muy buenos
columnistas, puede haber un buen reportero, pero en general es una calidad muy lamentable.
El
comportamiento ético de los medios también suele ser bastante deplorable, y
cuando se tiene una presa (no de prisionera sino en el sentido de la cacería),
entonces parece que la prensa se engolosina en la persecución, en el
señalamiento, en la exhibición de esa presa más allá de las pruebas que pueda
haber, porque, por otra parte, no es fácil tener acceso al expediente y
estudiarlo.
Recuerdo
cuando la CDHDF dio a conocer la argumentación por el caso Stanley: La Jornada publicó en ocho columnas no
la nota sobre la recomendación sino la nota sobre la respuesta del procurador.
Antes de informar a qué estaba respondiendo el procurador, publicó su
respuesta. Cualquiera que tuviera noticia, cualquiera que hubiera leído la
recomendación que llevamos a todos los medios, se hubiera dado cuenta de que
una fabricación de culpables muy burda, muy malhecha.
Hay
una cosa que me estremece: una fabricación de culpables puede ser tan bien
hecha que no hay manera de echarla abajo si todos los testigos son congruentes
y las declaraciones son verosímiles.
Entonces,
una gran ventaja en estos casos de terrible torpeza del Ministerio Público (MP)
es que son fabricaciones muy burdas, y los medios persisten en el linchamiento.
En el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, cuando se vio que el testigo Jennifer estaba mintiendo cuando dijo
que estuvo con el general en tal fecha, y este demostró que estaba entonces en
Europa, los medios no dicen “se cayó esto, es infame que el general Ángeles
Dauahare siga en prisión”. No: siguen en la misma postura de justicieros; es
decir, hay una correspondencia en eso, entre la actitud de la gran mayoría de
la gente y la actitud de los medios de comunicación, a los que parece no
importarles la verdad sino el estruendo, el escándalo, lo que venda.
AR: Ahora vayamos a otro asunto
sobre el derecho en México: en 2008 hubo una importante reforma por la que
pasamos de un sistema inquisitorial al adversarial; el primero se basaba
prácticamente en que la víctima denunciaba y las autoridades buscaban incriminar
al imputado, mientras que en el segundo se trata de buscar la verdad de los
hechos denunciados. ¿No le parece que seguimos metidos en el antiguo sistema?
LB: El nuevo sistema es un modelo de enjuiciamiento; creer que con este va a cambiar la justicia penal mexicana es demasiado ilusorio. Es como si lleváramos a un equipo de quinta división mexicana a jugar en la cancha del Barcelona y pensáramos que por eso va a jugar bien.
LB: El nuevo sistema es un modelo de enjuiciamiento; creer que con este va a cambiar la justicia penal mexicana es demasiado ilusorio. Es como si lleváramos a un equipo de quinta división mexicana a jugar en la cancha del Barcelona y pensáramos que por eso va a jugar bien.
No;
para que la justicia penal funcione adecuadamente tendría que haber un buen MP que
realmente investigara los casos y diera con los responsables, que nunca
fabricara culpables, que actuara con buena fe en todos los casos, con jueces
que leyeran cuidadosamente el expediente (juegan una función delicadísima
porque se está jugando la libertad de una persona, que junto con la vida y la
salud son el mayor tesoro que se puede tener), y que tuviéramos defensores de
oficio muy bien capacitados.
Este
nuevo sistema es simplemente un modelo, una nueva cancha; pero con los mismos
jugadores de siempre esto no va a funcionar.
No
tengo nada en contra del nuevo sistema, pero lo más urgente hubiera sido hacer
una verdadera revolución institucional en el MP, para que el órgano de la
acusación fuera altamente profesional y que no incurriera en esas prácticas de
fabricación de culpables, que a mí me recuerdan una frase de Borges —aunque que
él la aplicó a otra cosa, pero que nos sirve—: la fabricación de un culpable es
el peor delito que la infamia puede soportar.
AR: Vuelvo a un tema que usted ya
mencionó: un fenómeno que se pudo ver pude ver en medios y en redes sociales
que es que aun personas que han sido víctimas de abusos, como personas
torturadas en los años setenta, hasta los dirigentes de asociaciones de víctimas
de delitos, defendieron los abusos cometidos por policías, por jueces, y jamás
cuestionaron los testimonios de las víctimas. ¿A qué atribuye usted este
fenómeno?
LB:
Es una pregunta muy interesante. Es la actitud que está muy bien retratada por
una frase muy popular que dice “no me importa quién me la hizo sino quién me la
pague”. Recuerdo que cuando Martin Luther King fue asesinado, un muchacho negro
sacó una pistola de su casa y mató al primer blanco que se encontró en la
calle; ese blanco quizá era admirador de Luther King. Entonces aquí también
fuimos víctimas de un abuso en otro tiempo, y ahora la policía está señalando a
alguien que podría ser responsable, pues que lo castiguen. Es la mentalidad inquisitorial;
en los pocos casos en que un acusado en la Inquisición era absuelto, iba a su
caso molido por la tortura y los inquisidores decían: “Bueno, sí, era inocente,
pero se colocó en la posición de ser señalado, de ser acusado; por lo tanto, no
hay que pedirle ninguna disculpa”.
Florence
Cassez a lo mejor era inocente, pero se colocó en una posición en la que podría
ser acusada. Esa parecería ser la postura.
AR: Hay otra parte del libro que me
parece muy inquietante: la actuación de los titulares de las comisiones de
derechos humanos nacional y del Distrito Federal en el caso de Florence Cassez.
¿Cuál fue su proceder en este caso?
LB:
Tristísima. La primera característica de un ombudsman es tener plena autonomía
no sólo frente a las autoridades sino frente a todo tipo de presión. Entonces,
es un caso así ellos buscaron congratularse con quienes exigen castigo,
buscaron quedar bien con la gran mayoría de la población y llegaron a posturas
aberrantes. José Luis Soberanes y Emilio Álvarez Icaza pidieron que no se
aplicara el Tratado de Estrasburgo, y el primero incluso pidió que México lo
abandonara unilateralmente. Raúl Plascencia, en el momento en que se iba a
dictar la resolución de la Corte, pidió que se dictara no conforme a derecho,
que era lo que podía haber dicho, sino que se dictara a favor de las víctimas; luego
esa incongruencia terrible de que después de que se pronunció para que se le
negara el amparo a Florence, y ya que Genaro García Luna había salido del cargo
y ya que los delitos habían prescrito, denunció a este. Esto es de una
incongruencia, de una falta de convicciones verdaderamente lastimosa tratándose
de instituciones cuyo papel en la ley, en la doctrina, debería ser muy
distinta.
AR: ¿Hoy qué se puede hacer contra
quienes perpetraron y se prestaron para este montaje, entendiendo de esa forma
al proceso que se le siguió a Florence Cassez?
LB:
No se puede hacer nada: los delitos ya prescribieron, y uno tiene que ajustarse
a derecho. Lo más importante aquí ya no sería el castigo, que es imposible, sino
que a partir de este caso la justicia penal mexicana empezara a cambiar, que
sobre todo dejara de lado ese vicio de fabricar culpables y que los jueces
tomaran conciencia de la terrible responsabilidad que es sentenciar en un caso
penal, que vieran con todo cuidado el expediente y no se dejaran jamás
presionar por el entorno.
AR: Otro asunto importante es que
no se hayan seguido ciertas líneas de investigación, como las que apuntaban a
Eduardo Margolis y los hermanos Rivera Cacho. ¿A qué atribuye usted esta
situación?
LB:
Primero, a la incapacidad del MP para investigar, y a la negligencia para
cumplir con su función básica que es investigar el delito y determinar quienes
pueden ser los responsables. Segundo, a una cosa muy perversa que habla muy mal
del MP: la falta de capacidad para reconocer un error. Enaltece a una persona
que diga “sí, me equivoqué pero voy a rectificar”. No, aquí es la contumacia: prefiero
cometer una gran injusticia que decir me equivoqué y rectificar. Es la misma
que tuvieron Samuel del Villar, Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, los acusadores del general Ángeles
Dauahare y de Florence Cassez.
AR: El caso Cassez también formó
parte de un intrincado juego político. ¿Qué nos puede decir sobre la actuación de
los entonces presidentes de México y Francia, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy,
respectivamente, respecto al caso?
LB:
Felipe Calderón se portó como MP. En su dignidad presidencial nunca debió
meterse; debió decir “yo respeto las decisiones de los jueces y espero que
estas sean correctas”. Pero decir que Florence Cassez era responsable porque
tres instancias judiciales la condenaron fue ponerse en el papel de procurador.
En
cambio yo simpatizo con la postura de Sarkozy, quien estaba muy bien informado
por los abogados de Florence Cassez de que ella era víctima de una injusticia.
Y no vino a pedir que la absolvieran sino a decir que era aplicable el Tratado
de Estrasburgo, de cual eran parte México y Francia. Entonces ¿fue una
intervención en los asuntos internos de México? No, fue una postura de decir
“tenemos un tratado y tenemos que cumplirlo, así se tratara del peor de los
delincuentes”. Entonces esa postura me simpatiza porque él pudo guardar
silencio. Yo prefiero que un presidente que, defendiendo a un conciudadano
víctima de una injusticia, cometa algún exceso diplomático a que guarde un
cómodo silencio.
AR: En la parte final del libro
usted concluye: “Los testigos víctimas mintieron”. ¿Qué enseñanza nos deja este
caso al respecto?
LB:
Nos habla de actores en el servicio público de muy mala fe, y también de
actores, como los jueces, de una enorme ligereza ética y profesional, y muy
débiles para resistir la presión del entorno pasional. No hace falta ser
jurista para saber que si una persona dice hoy “A” y luego dice “No A”, esa
persona no es confiable. Un testigo que miente, que cambia su versión no en una
cosa de detalle sino en una cosa tan importante como si estuvo una persona
entre los secuestradores o no, si no explica y justifica plenamente el motivo
de la variación de esa declaración sencillamente no es creíble.
No
es una regla solamente jurídica, no es solamente una regla lógica sino de
sentido común: una persona que dice una cosa y luego dice la contraria
sencillamente no es creíble. Esa regla elemental no la aplicó el MP y no la
aplicaron tres instancias judiciales.
AR: Cuerpos encargados de la seguridad
y también una parte del Poder Judicial (las tres instancias a las que se
refirió) son vistos muy mal por un sector de la población; pero también una
parte mayoritaria de esta tiene muy mala opinión de la SCJN. ¿Qué daños causó
este proceso?
LB:
La AFI y la Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) quedaron
como instituciones de mala fe, que son capaces de la mayor canallada, que es
fabricar culpables; los jueces quedaron como convalidadores de esa canallada, y
las críticas a la SCJN son de ignorancia simplemente porque no se conoce el
caso.
Mi
gran aspiración es que quienes lean el libro objetivamente y sin prejuicios
lleguen a la conclusión que es evidente si se lee con cuidado, con ganas de
encontrar la verdad.
AR: ¿Qué de provechoso le podemos
sacar a esta experiencia?
LB:
Lo provechoso de una autocrítica debería ser que tenemos un sistema de justicia
penal deplorable; vamos a transformarlo, a realizar una gran revolución en
estas instituciones para que podamos tener un sistema de justicia penal decente
que hoy no tenemos.
*Entrevista publicada en Este País, núm. 275, marzo de 2014.
